Asesinato en Sevilla: quince años de cárcel por conformidad antes del juicio con jurado

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a quince años de prisión a un hombre que mató a otro en mayo de 2025 asestándole dieciséis puñaladas con unas tijeras. El juicio con jurado popular estaba señalado para el jueves 12 de noviembre, pero no llegará a celebrarse: el acusado reconoció los hechos y aceptó la pena en un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular que ejercía la familia del fallecido.

Así lo recoge la nota del TSJ de Andalucía publicada el 10 de noviembre de 2026. Además de la prisión, la sentencia impone una indemnización de 326.664,44 euros a la viuda y a los dos hijos de la víctima, le prohíbe comunicarse con ellos y acercarse a menos de 200 metros durante diez años, y acuerda su expulsión de España cuando haya cumplido dos tercios de la condena, con prohibición de volver durante ocho años.

Los hechos que la sentencia da por probados

Según la nota, el acusado mantenía desde principios de 2025 una relación con la esposa de la víctima, sabiendo que estaba casada. La noche del 17 de mayo de 2025 el marido descubrió la relación en una discusión con su mujer en un bar, llamó al acusado desde el móvil de ella y ambos acordaron verse cerca del domicilio del acusado «para resolver sus diferencias».

La sentencia afirma que en ese momento el acusado «ya había decidido acabar con la vida» del otro hombre. Cogió unas tijeras de su casa, salió a su encuentro y, «sin mediar pelea o discusión alguna», le atacó por sorpresa y sin darle opción de defenderse. Le causó dieciséis heridas, todas en el tronco y el pecho. El condenado, que estaba en situación irregular en España, está en prisión provisional desde el 18 de mayo de 2025.

Por qué es asesinato y no homicidio

La diferencia está en la forma del ataque. El homicidio es matar a otro; el asesinato es matar a otro concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 139 del Código Penal, entre ellas la alevosía. Hay alevosía cuando el autor elige medios o formas de ejecución que aseguran el resultado y eliminan el riesgo de que la víctima se defienda. Un ataque por sorpresa, sin discusión previa y sin posibilidad de reacción, es el ejemplo de manual de lo que los tribunales llaman alevosía sorpresiva.

El asesinato se castiga con prisión de quince a veinticinco años. La pena pactada coincide, por tanto, con el mínimo de esa horquilla. La nota no explica cómo se llegó a esa cifra, pero es habitual que el reconocimiento de los hechos y la renuncia a juicio formen parte de la negociación entre las partes.

Qué es una conformidad y qué supone para el acusado

La conformidad es un acuerdo por el que el acusado acepta los hechos, el delito y la pena que le piden las acusaciones. El tribunal no se limita a firmar: tiene que comprobar que el acusado entiende lo que acepta, que lo hace libremente y que la calificación jurídica y la pena son correctas. Si todo encaja, dicta sentencia sin juicio.

Los delitos de homicidio y asesinato corresponden al Tribunal del Jurado, y la ley del jurado también admite la conformidad. En este caso evita que nueve ciudadanos tengan que deliberar sobre los hechos y que la familia tenga que revivirlos en sesiones públicas.

Para el acusado, conformarse significa:

• Saber qué pena va a cumplir y no arriesgarse a una condena más alta si el jurado aprecia otras circunstancias o rechaza atenuantes.
• Renunciar a discutir la prueba en juicio y a defender su versión. Recurrir después una sentencia de conformidad es muy difícil: en general solo cabe si no se respetaron los requisitos del acuerdo o la pena no se ajusta a lo pactado.
• Descontar de la condena el tiempo que lleva en prisión provisional, desde mayo de 2025.

Antes de aceptar un acuerdo así en un delito castigado con quince años o más, la defensa tiene que revisar la prueba disponible, las atenuantes que podría defender y la calificación que sostienen las acusaciones. Para saber qué abogados han defendido causas penales con repercusión en la ciudad, puede consultarse esta relación de los penalistas más conocidos de Sevilla y sus casos.

La expulsión del condenado extranjero

El artículo 89 del Código Penal regula la expulsión de los extranjeros condenados a prisión. Cuando la pena es larga, como aquí, el juez puede ordenar que cumpla una parte en España y que el resto se sustituya por la expulsión, con una prohibición de regresar durante un tiempo. La Audiencia de Sevilla fija ese punto en los dos tercios de la condena y la prohibición de retorno en ocho años. Si el condenado volviera antes, tendría que cumplir la parte de la pena que quedó sustituida.

Qué obtiene la familia de la víctima

La viuda y los hijos del fallecido actuaron como acusación particular y firmaron el acuerdo. La conformidad les ahorra un juicio largo y les da una sentencia firme con una indemnización fijada, en este caso de 326.664,44 euros. A cambio, aceptan que la pena sea la mínima prevista para el asesinato.

La sentencia también les protege con la prohibición de aproximación y comunicación durante diez años. Si el condenado la incumple, comete un delito de quebrantamiento de condena. Cobrar la indemnización es otra cuestión: depende de que el condenado tenga bienes o ingresos, y la familia puede pedir al juzgado que investigue su patrimonio durante la ejecución de la sentencia.