Justicia gratuita en el proceso penal: qué cambia con el Real Decreto 824/2026

El turno de oficio penal tiene baremo nuevo desde el 16 de octubre. El Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, reescribe la tabla de lo que cobran abogados y procuradores por cada asunto de justicia gratuita y, sobre todo, pone cifras a dos derechos que la ley ya reconocía pero que no tenían reflejo en el reglamento: la asistencia inmediata a nuevas categorías de víctimas y la defensa de oficio de empresas insolventes investigadas.

Qué se ha publicado

La norma apareció en el BOE del 15 de octubre de 2026 y entró en vigor al día siguiente. Modifica los anexos II y III del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, y deroga la Orden PJC/281/2025, que fijaba hasta ahora los importes. El Consejo de Ministros la aprobó el 13 de octubre.

El preámbulo explica el motivo. Dos leyes orgánicas recientes, la 5/2024 del Derecho de Defensa y la 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ampliaron quién puede pedir justicia gratuita, y el reglamento no se había adaptado. El texto añade que ya se tramita un anteproyecto de nueva ley de asistencia jurídica gratuita, que obligará más adelante a un reglamento completamente nuevo. Este real decreto cubre lo urgente mientras tanto.

Asistencia inmediata a más víctimas

Desde el 3 de octubre de 2025, la Ley 1/1996 reconoce la asistencia jurídica gratuita, prestada de inmediato, a varios grupos de víctimas además de las de violencia de género. Según el real decreto, son las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos; las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sufren homicidio, lesiones, maltrato habitual o delitos contra la libertad, contra la libertad sexual o de trata; y las mujeres y menores víctimas de delitos contra la libertad sexual del título VIII del Código Penal, mutilación genital femenina, matrimonio forzado o acoso con connotación sexual.

El nuevo anexo II les aplica los mismos importes que a la violencia de género: 87,63 euros por estar disponible en la guardia o por asesorar a la víctima, y 131,22 euros si el abogado la acompaña a presentar la denuncia o a pedir una orden de protección. También se pagan los desplazamientos, entre 14,10 y 58,80 euros según la distancia.

Para la víctima, el cambio no crea un derecho nuevo, porque ese derecho ya estaba en la ley. Lo que hace es dar a los colegios de abogados una base para pagar ese servicio. Quien sufre una agresión sexual, por ejemplo, puede pedir en comisaría o en el juzgado que la asista un abogado del turno desde el primer momento, también para presentar la denuncia o pedir una orden de protección.

Más dinero por los asuntos penales más largos

El preámbulo destaca el cambio de cuantía en dos procedimientos: el procedimiento penal general queda en 400 euros y el de especial complejidad en 600, con complementos de 32,15 euros por cada 250 acontecimientos del expediente o cada cinco comparecencias y de 91,13 euros por cada día de vista a partir del segundo. Otros importes del turno penal quedan así:

• Asistencia a la persona detenida: 87,63 euros, y 166,49 euros por una guardia de 24 horas.
• Procedimiento del jurado: 438,14 euros.
• Procedimiento abreviado: 291,60 euros.
• Juicio por delito leve: 102,06 euros.
• Expediente de vigilancia penitenciaria: 147,99 euros.

Son cantidades por asunto completo, no por hora, y las paga la Administración, no el ciudadano que tiene reconocida la justicia gratuita.

Empresas en concurso y defensa de oficio

La Ley Orgánica del Derecho de Defensa reconoció la justicia gratuita a las personas jurídicas investigadas en un proceso penal cuando el juez requiere que se les nombre abogado y la sociedad es insolvente, está en concurso o no ha tenido actividad en el último ejercicio y se halla disuelta o en disolución. Hasta ahora se pagaba con los módulos penales generales de forma transitoria. El nuevo anexo III fija que el abogado cobra el 70 % al acreditar ese requerimiento judicial y el resto al terminar la instancia.

En la práctica, una sociedad sin fondos que el juzgado cita como investigada no queda sin defensa, y el abogado designado sabe desde el principio cómo y cuándo cobrará.

Cuando una misma persona acusa y se defiende

El reglamento regula también el caso de quien es a la vez denunciante y denunciado en el mismo procedimiento, como ocurre en una pelea con denuncias cruzadas. Se tramita un solo expediente: el abogado cobra el 100 % por la defensa y el 50 % por la acusación. Para el ciudadano eso significa un único abogado de oficio para las dos posiciones.

Si la denuncia es por violencia en la pareja, al investigado le conviene saber qué ocurre en una denuncia por malos tratos cuando no hay más prueba que la declaración antes de decidir cómo declarar.

Acuerdos fuera del juicio

El real decreto sube del 75 % al 125 % lo que se paga al abogado de oficio cuando cierra una transacción extrajudicial, en cualquier tipo de procedimiento. Es la misma cifra que fija para los medios adecuados de solución de controversias de la Ley 1/2025, que son obligatorios en lo civil y no en lo penal. El preámbulo lo justifica en el propósito de promover «una cultura de diálogo y acuerdo» en la solución de las controversias.

Qué debe hacer quien necesite un abogado de oficio

Los requisitos económicos para tener justicia gratuita no cambian con este real decreto, porque están en la ley. Quien sea detenido o citado como investigado tiene derecho a abogado desde el primer momento y puede pedir el de oficio en la propia comisaría o el juzgado. Después tendrá que solicitar formalmente la justicia gratuita y aportar su documentación económica, y conviene hacerlo pronto. Las víctimas de la lista anterior tienen garantizada la asistencia inmediata, y este real decreto asegura que el abogado que la presta cobra por ello.