Actualizado: Martes, 17 de noviembre de 2026Información jurídica · España

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Caso ERE: la pieza de SOS Cuétara pasa a procedimiento abreviado

Un juez de Sevilla da por terminada la instrucción de la pieza del caso ERE sobre las ayudas a SOS Cuétara: cuatro investigados siguen adelante y dos ven archivada provisionalmente la causa. Qué supone cada decisión.

Redacción de El Diario de Derecho · · 5 min de lectura

Mazo de juez de madera y su base sobre una superficie de mármol blanco
Mazo de juez de madera y su base sobre una superficie de mármol blanco

La pieza del caso ERE que investiga las ayudas públicas a la galletera SOS Cuétara ha cerrado su fase de instrucción. El juez de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado seguir la causa como procedimiento abreviado contra cuatro investigados y archivarla de forma provisional para otros dos. El auto lleva fecha de 3 de noviembre y se notificó a las partes el día 6, según la nota del TSJ de Andalucía de 6 de noviembre de 2026.

Es una decisión de trámite, pero con ella el juez fija quién puede acabar sentado en el banquillo y quién no.

Qué se investiga

La pieza examina las ayudas sociolaborales que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo concedió y pagó entre 2004 y 2010 para la reestructuración laboral de SOS Cuétara. El auto cifra el importe en al menos 4.277.701,62 euros, destinados a indemnizar a 34 trabajadores afectados por el ERE 5/2003 mediante un seguro de rentas.

Dentro de ese seguro aparece, según el juez, una beneficiaria que no estaba afectada por el expediente ni trabajaba en la empresa cuando se la incluyó: la suegra del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya fallecido. Es lo que en el caso ERE se ha llamado una «intrusa». La Junta habría financiado íntegramente la prima de dos pólizas a su favor. El magistrado atribuye esa inclusión a la «falta absoluta de control y de fiscalización» de las ayudas y habla de subvenciones concertadas «mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad».

Los delitos que se investigan son prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Quién sigue en la causa y quién sale

La causa continúa contra cuatro personas: un ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, dos directivos de la mediadora Vitalia y la propia beneficiaria señalada como intrusa.

Para otros dos investigados, un representante de la empresa y un dirigente del sindicato CCOO, el juez acuerda el sobreseimiento provisional. Admite que asistieron a reuniones con Guerrero, pero considera que las declaraciones de los testigos no permiten establecer «con la solvencia necesaria» en qué medida influyeron en la financiación irregular de las pólizas. Tampoco ve indicios de que intervinieran en la inclusión de la suegra del ex director general.

Qué significa pasar a procedimiento abreviado

En los delitos con pena de prisión de hasta nueve años, la instrucción se tramita como diligencias previas. Cuando el juez considera que ya se ha investigado lo necesario, tiene que decidir qué hacer con lo reunido. Si cree que hay base para un juicio, dicta un auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado (artículo 779.1.4.ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Ese auto no es una condena ni una acusación formal: delimita los hechos y las personas sobre los que podrá acusarse.

Con él empieza la llamada fase intermedia. En este caso, el juez da a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones un plazo común de veinte días para elegir entre tres caminos: presentar escrito de acusación y pedir que se abra juicio oral, pedir el sobreseimiento o, de forma excepcional, solicitar diligencias complementarias que sean imprescindibles para acusar.

Si alguna acusación formula escrito de acusación, el juez decidirá después si abre el juicio oral. Solo a partir de ese momento la defensa presenta su propio escrito y la causa se envía al órgano que debe juzgarla.

Qué implica para quien sigue investigado

Para los cuatro que continúan, el auto es una señal seria, pero no definitiva. Conviene tener presente lo siguiente:

  • El auto puede recurrirse. La defensa puede impugnar que existan indicios suficientes para seguir adelante. En la práctica, los tribunales revisan sobre todo si los hechos están bien delimitados y si hay una base mínima para un juicio, no si el investigado es culpable.
  • Los hechos del auto marcan el terreno. Las acusaciones no pueden acusar después por hechos sustancialmente distintos ni contra personas que el auto no incluya. Revisar con cuidado cómo se describen los hechos es parte de la defensa.
  • La fase intermedia también es momento de defensa. Antes del juicio oral se pueden plantear cuestiones como la prescripción o la nulidad de diligencias, y en los procesos con muchas piezas, como el caso ERE, comprobar si los mismos hechos ya se juzgaron en otra causa.

Qué implica para quienes ven archivada la causa

El sobreseimiento provisional (artículo 641 de la LECrim) cierra la causa mientras no aparezcan pruebas nuevas, pero no la entierra. Si surgieran indicios distintos, podría reabrirse mientras el delito no haya prescrito. Además, las acusaciones pueden recurrir el archivo. La nota del TSJ de Andalucía no indica si el auto es firme.

Quien recibe un archivo provisional hace bien en guardar la documentación del procedimiento, conocer el plazo de prescripción del delito por el que se le investigó y, si hay argumentos, valorar con su abogado pedir que el archivo pase a ser libre, que sí impide reabrir la causa contra esa persona.

Una pieza más de una causa muy larga

El caso ERE lleva años dividido en piezas separadas, una por empresa o grupo de ayudas. En octubre, el mismo juzgado archivó la pieza de Grupo TPM porque dos excargos ya habían sido juzgados por esos hechos. La pieza de SOS Cuétara sigue el camino contrario y avanza hacia un posible juicio. El siguiente paso depende de lo que pidan Anticorrupción y las acusaciones dentro del plazo de veinte días.

Información de carácter general elaborada a partir de fuentes públicas. No sustituye el consejo de un abogado sobre un caso concreto.

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